16 Nov 2026 El presidente del Centro Español de Mediación (CEM), Rafael Catalá, ha participado en el XXVII Congreso Nacional de Auditoría, organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en Valencia. Durante su intervención en la sesión “SMAS Mediación + Empresa: a por la gestión profesional del conflicto”, moderada por Isabel Bermúdez, presidenta del Servicio de Mediación de Auditores (SMAS), Catalá ha defendido la necesidad de que las empresas incorporen la gestión de los conflictos a su estrategia empresarial, con el mismo rigor con el que abordan los riesgos financieros, operativos, regulatorios o reputacionales.En su intervención, ha señalado que los conflictos son inherentes a la actividad empresarial y que, aunque no siempre pueden evitarse, sí es posible anticiparlos y gestionarlos de manera profesional. Para ello, ha insistido en la importancia de detectar las controversias de forma temprana, evaluar sus costes y riesgos y elegir el mecanismo de resolución más adecuado en cada caso.En este contexto, Catalá ha destacado que una economía competitiva necesita una Administración de Justicia sólida y eficaz, por lo que ha subrayado la importancia de distinguir qué conflictos requieren una decisión judicial y cuáles pueden resolverse de manera más eficiente mediante un proceso negociado. En este sentido, ha puesto en valor la mediación como un mecanismo neutral, confidencial y flexible que permite a las partes alcanzar soluciones adaptadas a sus necesidades. Por ello, ha defendido que la mediación, además de ser una alternativa procesal, es también una herramienta de competitividad empresarial, ya que permite reducir la incertidumbre, preservar las relaciones comerciales y liberar recursos para que las empresas puedan centrarse en su actividad.El papel de los auditores en la gestión profesional del conflictoDurante su intervención, el presidente del CEM también ha puesto en valor el papel que pueden desempeñar los profesionales de la auditoría en el impulso de una gestión más eficiente de los conflictos empresariales. Su conocimiento de las organizaciones, su independencia y su criterio técnico les sitúan en una posición relevante para comprender cómo determinadas controversias pueden afectar a la gobernanza, a la toma de decisiones y a la continuidad de las relaciones empresariales. En este sentido, ha explicado que no se trata de convertirlos en mediadores, sino de que conozcan los mecanismos disponibles y puedan contribuir, cuando resulte adecuado y compatible con sus funciones, a orientar a las empresas hacia una gestión profesional del conflicto.De la obligación legal a la estrategia empresarialPor otra parte, Catalá ha abordado el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, que ha introducido el intento previo de solución negociada como requisito de procedibilidad para acudir a los tribunales. Sin embargo, ha advertido de que la aplicación de esta normativa todavía se enfrenta a importantes obstáculos, entre ellos, la arraigada cultura del litigio en España y la falta de criterios judiciales uniformes, que dificultan la consolidación de los MASC.En este sentido, ha señalado que la obligación de intentar un acuerdo previo no ha sido suficiente para modificar la tendencia a acudir a los tribunales ante los conflictos civiles y mercantiles. Una situación que contribuye a mantener la elevada litigiosidad y la sobrecarga de los órganos judiciales, que reciben, anualmente, cerca de ocho millones de asuntos, de los cuales aproximadamente 2,5 millones corresponden al ámbito civil y mercantil.Asimismo, ha llamado la atención sobre la inseguridad jurídica derivada de la disparidad de criterios en la aplicación del requisito de procedibilidad, especialmente en lo relativo a la acreditación del intento de negociación previo. A este respecto, Catalá ha hecho referencia al «Estudio sobre la percepción, utilización e impacto de los MASC en el ejercicio profesional», impulsado por el CEM, que pone de manifiesto las dificultades que todavía existen para lograr una utilización efectiva de estos mecanismos. Entre ellas, destacan la escasa consecución de acuerdos definitivos, las carencias formativas y la utilización de los MASC, en determinados casos, como un mero trámite formal para cumplir con la exigencia legal, sin una verdadera voluntad negociadora.Ante esta situación, el presidente del CEM ha insistido en que el verdadero reto consiste en pasar del cumplimiento de una obligación legal a la utilización estratégica de la mediación, promoviendo un cambio cultural que permita a las empresas reconocer sus ventajas. Para ello, ha destacado la importancia de incorporar la mediación a la cultura corporativa mediante formación, protocolos internos de gobernanza y cláusulas contractuales adecuadas.Finalmente, Catalá ha recordado el compromiso del CEM con el impulso de una cultura del acuerdo, y ha defendido que buscar soluciones negociadas no supone una muestra de debilidad, sino una decisión empresarial que contribuye a proteger el valor, las relaciones comerciales y la reputación de las organizaciones.