Entrevista a Rafael Catalá en Actualidad Económica

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Entrevista a Rafael Catalá en Actualidad Económica

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Rafael Catalá (Madrid, 1961) obtuvo su última acta de diputado por Cuenca en 2019. Me cuenta que acudía a los actos de campaña con una pizarra. "Parecía un profesor. Explicaba cómo el reparto de votos en la provincia no había variado en 10 años: 60.000 para el centroderecha y 45.000 para la izquierda. De los tres escaños en liza, el PP se llevaba dos y el PSOE, uno. Daba igual que el candidato fuese yo u otro cualquiera". Era un patrón férreo, "que se repetía en 10 ó 12 provincias, y aquellas elecciones no fueron una excepción: 60.000 votos para el centroderecha y 45.000 para la izquierda. Lo que pasa es que, de esos 60.000 votos, el PP se llevó 35.000; Vox, 20.000, y Ciudadanos, 5.000. El PSOE obtuvo, por su parte, 40.000 y Podemos, 5.000. La distribución por bloques seguía siendo la misma, pero la asignación de escaños se invirtió: el PSOE sacó dos y el PP, uno. Y como eso se repitió en 10 ó 12 provincias, el resultado nacional fueron 10 ó 12 diputados menos para el PP y 10 ó 12 más para el PSOE: veintitantos de ventaja... No me hicieron ni caso", se lamenta con gesto contrito. "Los indignados de Cuenca apoyaron a Vox y se quedaron tan anchos, pero más ancho se quedó el PSOE, que hacía una década que no lograba dos actas en Cuenca, Ciudad Real, Palencia y tantos sitios... Mientras eso no le entre en la cabeza al centroderecha, no acabará el sanchismo".

Es una escena muy de tecnócrata: Catalá glosando en medio de un mitin la ley dHondt. En estos tiempos de política caliente y vociferante, él insiste en parar y templar. No entiende que haya gente tan poco práctica como esos indignados que apoyan a Vox. ¿No pueden dejar a un lado sus diferencias? La vida es capacidad de adaptación, y su currículo es buena prueba: impresiona tanto por la amplitud como por la variedad. Licenciado en derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con 30 años ya era gestor de recursos humanos de AENA. Tras la victoria de José María Aznar en 1996, desfiló sucesivamente por los ministerios de Administraciones Públicas (director general de la Función Pública), Educación (director general de Personal y Servicios), Hacienda (subsecretario) y Justicia (secretario de Estado). La derrota de 2004 lo devolvió al ámbito privado, donde fue seis años secretario del consejo de Codere, la multinacional española del juego, pero en cuanto el PP volvió al poder en 2011, reanudó su colección de cargos públicos, primero en Fomento, como secretario de Estado de Infraestructuras, y luego en Justicia, como ministro, puesto que incluso simultaneó unos meses con el de Fomento. "Mariano Rajoy", se disculpa, "debió de pensar que valía para las dos cosas".

La buena relación que tenía con el anterior presidente del partido la conserva con el actual ("formo parte del equipo de confianza de Pablo Casado"), pero en 2018 decidió que tocaba cambiar de aires, abandonó el Congreso y aceptó la presidencia de Belagua, la sociedad titular de la cadena hotelera AC. "Fue estando ahí cuando se me acercó José Luis Bonet [el presidente de la Cámara de Comercio] y me propuso crear el Centro Español de Mediación. En mi época de ministro había impulsado la integración de las cortes de arbitraje y Bonet me dijo: ¿y si hacemos lo mismo con la mediación?"

"Los españoles", argumenta, "criticamos mucho la lentitud de la justicia, pero en cuanto surge una complicación, ponemos una denuncia. Más de 6,5 millones de asuntos terminan cada año en los tribunales. Cada vez que discutimos con el vecino o que nos deben dinero o que la Administración nos hace una faena, vamos a juicio". Y pone el ejemplo del señor "que compra a plazos una lavadora en el Carrefour y, a las dos semanas, se queda en el paro y deja de pagar. ¿Qué es mejor? ¿Qué Carrefour demande al cliente o que se siente con él a ver cómo saldan la deuda? Una opción es decirle: te hago una quita de 100 euros y el resto me lo abonas en equis mensualidades. La otra es ir a un juez que va a fallar que te deben tantos euros, que es verdad, pero aparte de la satisfacción moral, no vas a conseguir mucho más... Los tribunales de lo contencioso están desbordados por un menudeo de sentencias de transporte aéreo, de demoras y de extravíos de equipaje que dan o quitan la razón, pero que no buscan soluciones".

En derecho laboral ya se hace algo parecido.
El 60% de los casos se cierran en conciliación. Esa cultura es la que hay que trasladar ahora al ámbito civil y mercantil. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado un proyecto que establece una mediación previa al ejercicio de la acción jurisdiccional. Puedes ir a los tribunales, porque nadie quiere limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, pero antes debes negociar. En Italia, cuya tradición jurídica es similar a la española, se celebran 200.000 mediaciones al año.

Es llamativo que estas iniciativas no tengan más éxito, existiendo como existe esa unanimidad sobre la lentitud de la justicia.
Y la situación va a agravarse con la pandemia. El parón que hubo los meses de confinamiento ha generado un atasco considerable. Los señalamientos programados entre marzo y junio de 2020 se suspendieron y reagendaron. Y luego están los estragos de la propia crisis, con su cohorte de concursos e impagos.

Menos mal que nuestra cultura no es tan litigiosa que la estadounidense...
De momento. Algunos despachos se han especializado en denunciar bancos. Desde que en 2015 el Tribunal de Justicia de la UE declaró abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas, ha habido una escalada de pleitos muy en la línea de Estados Unidos.

¿Y por qué nadie remedia la congestión?
Se han hechos cosas, pero hablamos de colectivos muy conservadores. Para los jueces, los fiscales, los secretarios, el procedimiento es esencial. Circula la broma de que la administración pública es un sitio donde puedes tirar billetes de 50 euros por el desagüe, siempre que sigas las normas. Nadie te va a pedir resultados. Te van a decir: ¿se ha ajustado usted al procedimiento? Y si te has ajustado, pues nada. El término eficacia no figura en su diccionario.

Eso resulta especialmente llamativo en el ámbito penal. La instrucción del escándalo de los ERE de Andalucía duró casi década. En Estados Unidos, a Bernard Madoff [responsable de una estafa piramidal] lo detuvieron en diciembre de 2008 y en julio de 2009 estaba juzgado y condenado.
La reforma del enjuiciamiento criminal lleva años sobre la mesa. [Francisco] Caamaño [ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero] preparó un proyecto, [Alberto Ruiz] Gallardón otro, yo un tercero y ahora Campo ha presentado el cuarto. La filosofía es la misma. Es absurdo que un único servidor público [el juez de instrucción] interrogue a cada testigo, examine cada prueba. Eterniza la investigación. Tendría que encomendarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad bajo el mandato de la fiscalía. Ese es el modelo que existe en toda Europa.

¿Y por qué no se implanta aquí?
Por la desconfianza que inspira la fiscalía actual, dirigida por una persona [Dolores Delgado] que ha sido diputada y ministra. Habría que cambiar el estatuto del ministerio fiscal y el modo en que se designa a su titular. De lo contrario, su autonomía estará siempre en entredicho, como admitió el propio Pedro Sánchez cuando declaró: "La fiscalía, ¿de quién depende? ¿Del Gobierno? Pues ya está".

El problema es político...
 En los asuntos técnicos hay una elevada coincidencia. A la prensa le encantan las etiquetas, decir: este juez es progresista y este conservador, y es obvio que tienen sus ideas y sus opiniones, pero cuando ejercen son absolutamente independientes.

Si eso es así, ¿por qué ha vetado el Partido Popular determinados nombramientos para el Consejo General del Poder Judicial?
Lo que nosotros decimos es que no debe haber ningún candidato cercano a la política. En el pasado los hubo, pero suscitaban tantas críticas que concluimos que había que renunciar a ellos. Así lo hemos hecho en el PP y así esperábamos que lo hiciera el PSOE, pero resulta que nos colocan a Victoria Rosell, que es delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, o a alguien con una manifiesta posición ideológica, como José Ricardo de Prada, que para más inri nos quieren colar entre los ocho juristas de reconocido prestigio, que son plazas reservadas a catedráticos o abogados, no a jueces. Es una chapuza que dificulta un consenso que debería haberse alcanzado hace tiempo. En 2018 la renovación estaba prácticamente cerrada, pero saltó por los aires con la candidatura de Manuel Marchena y aquella gestión desafortunada...

Se refiere al wasap de Ignacio Cosidó. [El portavoz del Grupo Popular en el Senado se jactó en un mensaje de controlar "por detrás la Sala Segunda" del Tribunal Supremo, que dirigía Marchena y debía juzgar a los líderes independentistas catalanes].
No sé si fue Cosidó o quién fue, pero lo cierto es que el relevo se frustró y ahora debería cerrarse, porque acumulamos dos años de retraso y no es razonable.

Otro desafío pendiente es el tecnológico.
Ha habido avances, pero al final tropiezas con la organización territorial. El estado de las autonomías tiene mucho sentido, porque la cercanía al administrado importa a la hora de prestar servicios como la educación, la sanidad o el transporte. Pero en justicia, ¿por qué debe tener competencias un Gobierno regional? Sirve para que se adopten sistemas informáticos distintos y que, por ejemplo, alguien a quien deniegan un matrimonio de conveniencia aquí se vaya a Guadalajara o donde sea hasta que se lo autoricen.

Pero, aunque se usen sistemas informáticos distintos, la comunicación sería hoy posible a través de la nube.
La dificultad no es técnica, sino política. En cuanto planteas la coordinación, salta alguien que ve detrás un intento de colonización por parte del Gobierno central, y me refiero tanto a las comunidades históricas como a las menos históricas. Te dicen: es que yo tengo aquí una cosa con la que me va muy bien... ¡Es frustrante! Yo intenté implantar un sistema único y fracasé, así que el ministro actual ha optado por la intermodalidad, que consiste en que los distintos sistemas hablen entre sí. A ver si lo logra y una sentencia que se dicta en Denia llega al Supremo telemáticamente y no en cajas, con los legajos de toda la vida.

¿Qué opina de los continuos enfrentamientos entre los socios de Gobierno? Circulan rumores de que Sánchez está harto y podría adelantar elecciones.
No lo creo en absoluto, salvo que Iván Redondo le diga que va a sacar un resultadazo... A esta legislatura le quedan todavía dos años y medio. Llevamos apenas 15 meses, parece mentira lo larga que se nos está haciendo, pero nadie puede tumbar al presidente y él va a esperar a la recuperación, demonizando a Podemos por el camino y atribuyéndole todo lo malo, mientras él se instala en la centralidad. Luego, cuando en el otoño de 2023 salgamos de la crisis, disolverá y, si el centroderecha no es capaz de ir unido a las urnas, volverá a ganar.

 

https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2021/03/22/60532b7cfc6c83f1418b465b.html

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